LA PRIVATIZACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS COMO ALTERNATIVA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA DISMINUCIÓN DE LA CARGA FISCAL Y EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS SERVICIOS.

Abg. Maryelis Rincón.

La privatización es un término que se ha asociado con la transferencia de activos del sector público al privado en términos de propiedad, gestión, finanzas o control. En tal sentido, las Instituciones Financieras Internacionales y específicamente el Fondo Monetario Internacional, plantearon como tesis que para el desarrollo de los países pobres era necesario privatizar los servicios públicos, esto como parte del llamado proceso de modernización de la Administración Pública, en aras de proceder a la transformación estructural y funcional de la misma, con el objeto estratégico de incrementar la capacidad de gobierno y con ello la eficiencia del sistema social en su conjunto.
Por otra parte, existen fuertes oposiciones a éste criterio, tal es el caso de España, cuya bandera de opinión estima que “la modernización no debe identificarse con la privatización”, es decir, que no debe llamarse modernización administrativa a la cesión de los servicios públicos en manos del sector privado y mucho menos en detrimento de la calidad en la prestación de los mismos, pues la privatización no es sinónimo de eficiencia.
Es necesario inferir, que la privatización de los servicios públicos surgió como un fenómeno o tendencia dentro del proceso global de transformación de las economías nacionales. Uno de los países precursores en adoptar esta modalidad fue el Reino Unido, a fines de la década de los setenta. En América Latina, dicho proceso comienza con las dictaduras militares, el primer país en efectuar un programa de privatización de gran alcance fue Chile, donde se incluyo la privatización del transporte. Es a partir de los años 90, como consecuencia del Consenso de Washintong que las políticas de privatización sugeridas, comenzaron a aplicarse como una forma de aliviar el déficit presupuestario de los gobiernos, en un momento en que el acceso a los créditos era muy restringido. En el ámbito de los servicios públicos tales como: educación, transporte, comunicación, salud, entre otros; las necesidades en materia de inversión son muy fuertes y representan una carga fiscal considerable. Para la Administración Pública resulta muy beneficioso aligerar esta carga fiscal recurriendo a la financiación privada. Pero ésta intención no debe tangiversarse, pues se habla de aligerar la carga fiscal, mas no de dejar al Estado desprovisto de la misma.
En mi opinión, la opción más viable es la de equilibrar la prestación de los servicios en ambos sectores (público y privado). Independientemente de la teoría de neoliberalismo que implica la privatización de los servicios públicos, como método de modernización de la Administración Pública, hay un fundamento social igualitario y colectivo donde se fundamentan los derechos básicos de los individuos de una sociedad y el Estado quien teniendo el deber constitucional de garantizarlos puede y debe cumplir con los mismos, sin menoscabar la posibilidad de dejar en manos de empresas privadas algunos de estos servicios.
Partiendo de lo anterior, lo que el Estado debe generar es un sistema de redistribución equitativa, donde las actividades mas rentables beneficie a las mas deficitarias, pues como lo indico Richard Jean Francois, vicepresidente del Banco Mundial en 1995: “La privatización no es un lujo, es una manera de eliminar pérdidas gigantescas que impiden al Estado consagrar sus recursos a la educación o a otras tareas de su responsabilidad”.
Ahora bien, la eficiencia de la prestación de los servicios y el aumento en la productividad de los mismos, va mas allá de la actividad efectuada por el sector (público o privado) que la ejecute, pues si bien la delegación al sector privado de la prestación de ciertos servicios que son deber del Estado disminuye la carga fiscal, no es menos cierto que esto no garantiza el acceso al servicio a todos los ciudadanos, ni la calidad de los mismos. El mayor problema, no consiste en ¿qué? privatizar sino en ¿cómo? llevar a cabo esa privatización, manteniendo los estándares de eficiencia en ambos sectores, pues los servicios considerados como públicos tienen su esencia en las necesidades colectivas, responsabilidad del Estado, éste mismo deberá regular las actuaciones del sector privado que se encargue de prestar dichos servicios a la colectividad de forma tal que garantice tales derechos y cumpla con el objetivo principal de satisfacer las necesidades básicas del colectivo.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

- QUINTANS, Miriam. Finanzas Públicas. 2001.
- LEYTON MUÑOZ, Carlos. La Privatización en América Latina. Argentina, 2001.
- PETKOFT, Teodoro. La Reforma de la Administración Pública: Una apuesta compartida. Venezuela, 2002
- SEVILLA, Jordi. (Ministro para la Administración Pública de España). La Modernización no debe identificarse con la privatización. Tribuna mensual de Junio 2005.